El Blog del Emprendedor

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Aunque en este blog no suelen publicarse noticias de índole tributario, por su relevancia vamos a inclur las últimas iniciativas aprobadas el pasado 9 de abril en Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía española y, con él, la creación de empleo.

El Real Decreto Ley se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las Pymes, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

De las 6 líneas de actuación nos centremo en las que más necesitan los emprendedores.

Apoyo a Pymes
Las pequeñas y medianas empresas tienen una relevancia incuestionable dentro del tejido industrial español y, por esta razón, el Gobierno las ha situado desde un primer momento en el centro de su acción política contra la crisis económica. Este nuevo paquete de medidas busca fundamentalmente introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario.

Para paliar los problemas de acceso al crédito, se instruye al Instituto de Crédito Oficial para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a Pymes y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010. Además, el Real Decreto Ley flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, los FTPYME, de forma que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante.

En el campo de la reducción de cargas administrativas, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuantía de cien mil euros por ejercicio. Esta exoneración no será operativa para las operaciones con paraísos fiscales.